Dudas y polémicas rodean la renovación de Abel Caballero de la grada de Gol en el estadio de Balaídos
En un movimiento que ha sorprendido a muchos, el Concello de Vigo, liderado por Abel Caballero, aprobó recientemente la adjudicación a la empresa Copasa para el derribo y construcción de la nueva grada de Gol en el estadio de Balaídos. Este acuerdo, que asciende a 24,8 millones de euros, no estaba previsto en la agenda de la junta de gobierno local, lo que ha levantado ciertas sospechas sobre la transparencia del proceso.
El proyecto, que promete modernizar el estadio con 6.400 nuevos asientos y mejoras significativas en accesibilidad, forma parte de una remodelación integral que busca posicionar a Balaídos como un contendiente para eventos de talla mundial, incluyendo el Mundial de Fútbol 2030. Sin embargo, detrás de esta ambiciosa renovación, hay aspectos que han encendido el debate y generado controversia, especialmente en cuanto al manejo y la financiación de las obras.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha sido particularmente vocal al expresar sus preocupaciones según el diario vigoe.es. Argumentan que el estadio, siendo una propiedad principalmente pública, no debería privatizarse ni utilizarse exclusivamente por el Celta de Vigo sin una compensación adecuada para la ciudad. Este punto es crítico cuando se considera que la nueva adjudicación del estadio incluye un convenio por 50 años con el club, un acuerdo que el BNG califica de "sin precedentes".
Además, hay una solicitud explícita por parte del BNG para que se aclare si bajo este nuevo acuerdo, el Celta de Vigo tendrá derechos exclusivos sobre el uso del estadio para eventos no deportivos, como conciertos o eventos corporativos, y qué tipo de compensación, si la hay, recibiría la ciudad a cambio.
Otra exigencia del BNG es que se asegure que el Celta continúe siendo "el club de la ciudad", sugiriendo que se incluyan cláusulas en el convenio que permitan revisar o incluso resolver el acuerdo en caso de una venta significativa del club a inversores extranjeros. Este punto toca una fibra sensible en la comunidad, donde el sentido de pertenencia y la identidad local son valores muy arraigados.
La falta de detalles sobre cómo se gestionará exactamente el convenio y los términos específicos del mismo ha creado un ambiente de incertidumbre y desconfianza. La comunidad se pregunta: ¿Estamos asistiendo a una privatización encubierta de un bien público? ¿Está el Concello de Vigo entregando demasiado al Celta sin garantizar un retorno justo para los ciudadanos?
Estas cuestiones no solo son relevantes por la suma económica involucrada, sino también por el impacto a largo plazo que tales decisiones pueden tener sobre la comunidad y la gestión de sus recursos. El estadio de Balaídos no es solo un campo de fútbol; es un símbolo de la identidad viguesa y como tal, cualquier cambio en su gestión o propiedad debería manejarse con la máxima transparencia y consideración hacia los intereses públicos.
En resumen, mientras el estadio de Balaídos se prepara para una transformación que podría ponerlo en el mapa mundial, las sombras de la duda y la controversia no parecen alejarse. ¿Serán suficientes las explicaciones del gobierno local para apaciguar los temores de una posible privatización o pérdida de identidad? Solo el tiempo lo dirá.
